Visión y estrategia, puntos clave para el control de precios del combustible

Por Alicia Zazueta, Presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES)

La tranquilidad en los precios de la gasolina, que hemos logrado mantener en México gracias a un pacto no obligatorio pero fundamental, se encuentra hoy en una encrucijada crítica. Desde la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), observamos con profunda preocupación cómo la escalada de tensiones en Medio Oriente amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio de nuestro mercado de combustibles.

El conflicto entre Israel e Irán ha provocado un repunte significativo en los precios internacionales del petróleo. Hemos visto cómo nuestra Mezcla Mexicana ha pasado de $63.41 a $70.41 dólares por barril en apenas unos días de junio. Si bien México es un país exportador de crudo, no debemos olvidar que dependemos en gran medida de la importación de combustibles refinados para abastecer más de la mitad de nuestro consumo interno. Esta paradoja nos coloca en una posición vulnerable: mientras los ingresos por la venta de crudo benefician a Pemex, el costo de la gasolina, el diésel y la turbosina que llega a nuestras estaciones de servicio se encarece drásticamente.

El acuerdo impulsado por el gobierno en febrero de 2024, que ha permitido mantener el precio promedio de la gasolina regular por debajo de los $24 pesos por litro, ha sido un pilar para la economía de millones de familias y negocios. Este pacto, aunque no coercitivo, ha demostrado su valía al evitar alzas abruptas. Sin embargo, con el actual panorama de costos al alza, su continuidad está seriamente amenazada.

A la presión del incremento en el precio del crudo se suma la reciente decisión de la Secretaría de Hacienda de no aplicar el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 21 al 27 de junio. Esto se traduce directamente en un mayor costo para el consumidor final, añadiendo una carga adicional a la cadena de suministro y a la operación de las gasolineras. El sector se encuentra en alerta máxima, no solo por el alza del petróleo, sino también por la ausencia de estímulos que amortigüen este impacto.

Las advertencias de instituciones financieras como JPMorgan no pueden ser ignoradas. Un escenario de agravamiento del conflicto en Medio Oriente podría disparar el precio del crudo por encima de los $120 dólares por barril, lo que nos empujaría a una nueva crisis petrolera global con consecuencias devastadoras. México no sería ajeno a este impacto, y la estabilidad que tanto nos ha costado mantener podría desvanecerse.

Celebramos la disposición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de estar lista para aplicar subsidios al IEPS si es necesario. No obstante, la dependencia de una decisión semanal de Hacienda introduce incertidumbre en un mercado que requiere de previsibilidad y señales claras.

Esta es una oportunidad para las autoridades para que consideren la implementación de mecanismos de apoyo más sostenibles y predecibles. Es fundamental que existan herramientas que permitan mitigar la volatilidad de los precios internacionales y que protejan tanto al consumidor como a la infraestructura de distribución. La estabilidad del pacto gasolinero no es solo un asunto de precios; es un pilar para la estabilidad económica y social de nuestro país. Es momento de actuar con visión y estrategia para blindar a México de los embates de un mercado energético global cada vez más inestable.