Tulum en crisis: cobros abusivos y el precio del paraíso turístico

Tulum, hasta hace pocos años emblema del turismo boutique y del turismo “slow” en el Caribe mexicano, atraviesa una crisis que comienza a dejar huellas visibles: menor afluencia de visitantes, caída en ocupación hotelera, cierres de negocios y un deterioro en la relación entre comunidad, visitantes y autoridades. Lo que empezó como una disputa por acceso y ordenamiento se ha transformado en un problema económico y reputacional de mayor calado, con consecuencias para la sostenibilidad del destino.

Menos turistas, más tensiones

En septiembre de 2025 la ocupación hotelera de Tulum cayó a 49.2%, una disminución de 17.5 puntos respecto al mismo mes del año previo, según reportes del sector. Paralelamente, se han documentado cobros por acceso a áreas naturales y playas protegidas que, en algunos casos, superan los 400 pesos diarios para visitantes extranjeros y alrededor de 255 pesos para nacionales; además, las propinas y «tarifas voluntarias» han escalado en ciertos establecimientos hasta niveles que muchos califican de abusivos, con reportes de exigencias de hasta 500 pesos en algunos puntos de servicio. El resultado ha sido una merma en la demanda y el cierre o reducción de operaciones de varios restaurantes y comercios locales.

Una mezcla de gentrificación, regulación insuficiente y captación de renta

El fenómeno no es homogéneo ni accidental. Se identifican al menos cuatro factores estructurales que explican la crisis actual:

1. Gentrificación turística y segmentación del mercado: La rápida llegada de inversiones de alto valor y la proliferación de alojamientos y servicios de lujo han reconfigurado la oferta. Esto elevó precios y desplazó modelos de negocio tradicionales, lo que redujo la oferta para viajeros con presupuestos medios y afectando la diversidad económica local.
2. Falta de claridad y coordinación regulatoria: La multiplicidad de cobros —entradas a reservas, «donativos» por acceso a playas, cobros por estacionamiento y tarifas impuestas por concesionarios o particulares— responde a un marco regulatorio fragmentado. Si bien el gobierno federal ha eliminado algunos cobros controversiales, persiste confusión sobre quién puede cobrar, cuánto y con qué fines; las decisiones locales, federales y privadas no han logrado un reglamento único y transparente.
3. Externalidades ambientales no internalizadas: La presión sobre ecosistemas frágiles—cenotes, manglares y zonas costeras—ha requerido medidas de protección que, en ocasiones, se traducen en restricciones o tarifas sin mecanismos claros para que la comunidad local participe y beneficie de esos ingresos.
4. Prácticas comerciales predatorias y boletoización del paisaje: En varios puntos, la intermediación privada y la existencia de operadores informales han derivado en cobros opacos y en la captura de renta por parte de actores que no reinvierten en conservación ni en la comunidad.

Impactos económicos y sociales

Los efectos ya son tangibles. La caída en la ocupación y en la llegada de turistas afecta ingresos directos (alojamiento, alimentos, tours) y la cadena productiva local (transporte, proveedores, artesanos). Negocios emblemáticos han cerrado o reducido jornada, y los trabajadores del sector turístico enfrentan menor carga laboral y menores ingresos. En términos macro, ya que una pérdida prolongada de competitividad puede traducirse en menores inversiones y en reconfiguración del destino hacia un perfil más elitista y menos inclusivo.

Socialmente, la disputa por quién tiene derecho a cobrar y a beneficiarse del turismo intensifica tensiones entre residentes, empresarios y autoridades. La percepción de que «todo tiene precio» erosiona la experiencia del visitante y el vínculo con la comunidad local.

¿Cómo afrontar esta crisis?

Tulum compite diariamente en un mercado global donde la reputación es clave. Comentarios en redes, experiencias de vuelo o reseñas sobre cobros exagerados se viralizan con rapidez y apuntan a un riesgo de pérdida de mercado, los turistas nacionales e internacionales pueden optar por destinos alternativos con mejor relación calidad-precio y normativas más claras. A largo plazo, la sobreexplotación sin inversión en regeneración ambiental puede degradar los activos naturales que constituyen el principal atractivo de la zona.

Para estabilizar y recuperar el destino, la evidencia internacional sugiere una hoja de ruta con medidas concretas y coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales, el sector privado y la comunidad:

1. Marco tarifario transparente y único: Establecer tarifas oficiales para el acceso a áreas protegidas y playas, con diferenciación por nacionalidad solo si se justifica, y con reinversión clara de recursos en conservación y comunidad.
2. Concesiones y contratos con cláusulas de beneficio comunitario: Todas las concesiones deben incluir obligaciones de inversión local, creación de empleos formales y participación en fondos de conservación.
3. Regulación y fiscalización de prácticas comerciales: Programas de inspección y sanción para cobros indebidos, además de mecanismos de denuncia y devolución expedita de cobros no autorizados.
4. Instrumentos de financiamiento para PYMEs locales: Créditos y subsidios para que negocios tradicionales se adapten a modelos sostenibles sin sacrificar su oferta.
5. Estrategias de diversificación de producto: Promover rutas, experiencias y temporadas que distribuyan la demanda en espacio y tiempo (desestacionalización) y reduzcan la presión sobre puntos singulares.
6. Participación comunitaria y gobernanza tripartita: Crear consejos locales de gestión turística con representación de residentes, empresarios y autoridades para decidir tarifas, regulación y uso del ingreso.
7. Comunicación y marketing responsable: Recuperar la confianza del visitante con campañas que promuevan buenas prácticas, transparencia y experiencias auténticas.

La crisis de Tulum no es solo el resultado de precios elevados o de un «mal verano», sino la manifestación de un modelo de desarrollo turístico que alcanzó sus límites sin políticas públicas que ordenaran y repartieran beneficios. La respuesta ya exige medidas inmediatas para mitigar daños económicos y un proceso de gobernanza a mediano plazo que asegure sostenibilidad ecológica, justicia económica y viabilidad turística. Si no se actúa con rapidez, coherencia y conciencia, Tulum corre el riesgo de convertirse en un destino degradado, en vez de conservar su atractivo como un destino diverso y próspero para generaciones futuras.