Se rechaza por segunda vez la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum en su integridad
El Senado de la República aprobó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una votación que refleja tanto la capacidad de la coalición oficialista para avanzar su agenda como los límites internos que enfrenta.
La iniciativa fue avalada en lo general con 87 votos a favor —provenientes de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo— y 41 en contra por parte de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el dictamen final no incluyó uno de los puntos más controvertidos: la modificación al esquema de revocación de mandato.
El ajuste no provino de la oposición, sino de una reserva impulsada por el propio Partido del Trabajo (PT), aliado del oficialismo, lo que obligó a rediseñar parcialmente el llamado “Plan B” de la reforma.
La revocación de mandato: el punto de quiebre
El elemento eliminado proponía modificar el artículo 35 constitucional para permitir que la consulta de revocación de mandato coincidiera con las elecciones intermedias de 2027.
La senadora Liz Sánchez argumentó que ambos ejercicios —elecciones y revocación— tienen naturalezas distintas, y que empatar sus calendarios podría distorsionar su propósito democrático.
Con esta decisión, se mantiene el diseño constitucional vigente: la revocación de mandato solo puede realizarse en el cuarto año de gobierno, lo que en este caso la ubica en 2028.
El cambio no es menor. La coincidencia de ambos procesos habría tenido implicaciones políticas relevantes, incluyendo una mayor movilización electoral y posibles efectos en la correlación de fuerzas en el Congreso.
Tensiones dentro de la coalición oficialista
La intervención del PT evidenció tensiones al interior de la alianza gobernante. Aunque el partido reiteró su respaldo a la reforma en términos generales, marcó distancia en un punto estratégico. Su dirigente, Alberto Anaya, sostuvo que acompañan el proyecto, pero no el apartado relacionado con la revocación.
Pese a ello, tras la votación, legisladores de Morena, PVEM y PT realizaron gestos públicos de unidad, en un intento por contener cualquier narrativa de fractura política.
Desde Morena, el coordinador Ignacio Mier Velazco rechazó que la reforma haya perdido fuerza, defendiendo que conserva elementos sustantivos.
¿Qué sí incluye la reforma electoral?
Más allá del debate sobre la revocación, la reforma aprobada introduce cambios relevantes en la estructura institucional y el gasto público electoral.
Entre los principales puntos destacan:
- Modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución;
- Reducción del tamaño de ayuntamientos y congresos estatales;
- Límites salariales para funcionarios electorales;
- Medidas orientadas a la austeridad en órganos electorales;
- Reducción progresiva del presupuesto del Senado.
El eje central de estos cambios es la contención del gasto público, bajo el argumento de hacer más eficiente el funcionamiento del sistema político-electoral.
El argumento de fondo: austeridad vs. representación
La reducción de estructuras legislativas y presupuestos abre un debate de fondo.
Por un lado, el oficialismo sostiene que existe margen para recortar costos sin afectar la calidad democrática. Por otro, la oposición advierte que estos ajustes podrían debilitar la representación política y la capacidad operativa de las instituciones.
Este debate no es nuevo en México, pero adquiere mayor relevancia en un contexto de alta polarización política.
La postura de la oposición
Los partidos de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— votaron en contra de la reforma y calificaron el resultado como un fracaso parcial del oficialismo.
Uno de sus principales argumentos fue el rechazo a la propuesta original de vincular la revocación de mandato con el proceso electoral, al considerar que podría generar ventajas indebidas para el partido en el poder.
Aunque ese punto fue eliminado, la crítica se mantiene sobre el conjunto de la reforma, especialmente en lo relacionado con la reorganización institucional.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo. Dependiendo de los ajustes que se realicen en esa instancia, la reforma podría sufrir nuevas modificaciones antes de su eventual promulgación.
El resultado final refleja una realidad política concreta: el oficialismo tiene mayoría suficiente para avanzar reformas, pero no siempre cohesión absoluta para sostener todos sus puntos. La eliminación del cambio en revocación de mandato no anula la reforma, pero sí redefine su alcance.