La protección de los derechos de las audiencias

Se ha presentado un proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que, de acuerdo con las políticas actuales, será sometido a consulta pública. Pero la pregunta que todos nos hacemos es si realmente se busca proteger a los ciudadanos de recibir información falseada o si, por el contrario, se trata de otorgar una mayor injerencia a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Este organismo fue creado con otros fines: administrar, supervisar y controlar el uso del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales para garantizar la conectividad y el acceso equitativo de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, internet y radiodifusión; gestionar concesiones, así como conducir la política sectorial de conectividad y digitalización del Gobierno Federal.

Sin embargo, nunca se planteó, en su instrumentación y creación, que tuviera intervención en los contenidos, opiniones, mensajes, decisiones editoriales o información publicada y difundida por los diferentes agentes de radiodifusión. Mucho menos que tuviera facultades para aplicar multas, como se menciona en el proyecto, de hasta el 1% de los ingresos acumulables del concesionario, en casos como no publicar su código de ética, no nombrar a una persona defensora de las audiencias o no establecer un mecanismo para que la población pueda presentar quejas.

Pero lo anterior adquiere una dimensión todavía mayor en un país dividido y polarizado desde el púlpito, donde se han sectorizado los diferentes estratos sociales entre buenos y malos. Es evidente que esto puede derivar en autocensura por el temor a que cualquier contenido genere inconformidad entre las audiencias, algo que puede ocurrir en cualquier medio, independientemente de su tendencia social, política o económica.

Si, además, la CRT pudiera determinar discrecionalmente que un contenido constituye una falta y es susceptible de sanción, se pondría en riesgo la viabilidad económica de los distintos actores del ecosistema de comunicación: radiodifusoras, comentaristas, comunicadores, politólogos, académicos e incluso ciudadanos que pudieran o quisieran expresar libremente su opinión, de acuerdo con la libertad de expresión garantizada por los artículos 1°, 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De tal manera que los lineamientos establecidos en el proyecto sometido a consulta pública no deberían convertirse en mecanismos de censura previa ni de control estatal de los contenidos editoriales y periodísticos. Los lineamientos en materia de sanciones son confusos e imprecisos y existe el riesgo de que la CRT intervenga en la autonomía de los medios.

Este riesgo adquiere una dimensión todavía mayor si se pretende ampliar el alcance de estas disposiciones a los medios impresos y a las redes sociales, espacios en los que la población, en general, publica sus pensamientos y opiniones sin necesariamente tener un interés político, económico o sectorial, sino de acuerdo con su ideología, idiosincrasia, entorno, situación económica o ubicación geográfica.

Aunado a ello, existe la posibilidad de que la CRT pueda suspender precautoriamente las transmisiones, de acuerdo con el artículo 10, fracción LIII, de la nueva Ley de Telecomunicaciones, en caso de una presunta violación a los derechos de las audiencias.

Esta posibilidad resulta especialmente delicada cuando se trata de contenidos periodísticos, informativos o editoriales, en los que puede ser complejo determinar si se está frente a una opinión, una información o un comentario. Si, además, la sola presentación de una queja por parte de una persona que no esté de acuerdo con determinado contenido pudiera activar este tipo de procedimientos, se correría el riesgo de convertir la regulación en una forma de censura desde el poder.

Una situación de esta naturaleza podría resultar contraria a las garantías de libertad de expresión que hasta hoy tenemos en nuestro país y que incluso hemos celebrado históricamente, desde los monumentos dedicados a Francisco Zarco en todo México, con la Constitución en la mano. #OpinionCoparmex

Oscar Eduardo Moreno, Presidente del Comité de Federaciones de COPARMEX Nacional