Crisis hídrica en México: Desafío estructural con rostro urbano

Por Yolanda Villegas

Como se ha podido observar en los últimos años, México atraviesa una de las crisis hídricas más complejas de su historia reciente. Aunque el país ha enfrentado sequías y problemáticas de agua en el pasado, el actual escenario presenta una compleja combinación, esto es, sobreexplotación de acuíferos, crecimiento urbano descontrolado, infraestructura insuficiente y fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes. La situación es especialmente grave en el Valle de México, una región densamente poblada que enfrenta un problema que parece contradecirse: mientras millones sufren cortes de agua, la ciudad se hunde por la sobreextracción del recurso subterráneo.
El Valle de México está asentado sobre lo que fue un gran sistema lacustre. Durante siglos, los lagos sirvieron como reguladores naturales del agua. Sin embargo, el proceso de urbanización y desecación de cuerpos lacustres transformó radicalmente el ecosistema. Actualmente, la ciudad se encuentra sobre un terreno compuesto por capas arcillosas altamente compresibles, conocidas como acuitardo. Al extraer agua subterránea de los acuíferos ubicados debajo de estas capas, se libera la presión interna del suelo, provocando un fenómeno de hundimiento.

El hundimiento del terreno no es nuevo, pero su ritmo se ha acelerado en las últimas décadas. Se estima que en algunas zonas del oriente de la ciudad, el suelo se ha hundido hasta 15 metros, afectando gravemente a viviendas, calles e infraestructura hidráulica. Paradójicamente, este hundimiento es consecuencia directa de la extracción de agua para abastecer a la población, una práctica que, aunque necesaria, resulta insostenible bajo este esquema.

Desde mediados del siglo XX, las autoridades mexicanas han intentado resolver la escasez hídrica del Valle de México mediante la importación de agua desde otras cuencas. Así surgieron proyectos como el Sistema Lerma y, posteriormente, el Sistema Cutzamala. Este último, considerado una de las obras de infraestructura hidráulica más grandes de América Latina, transporta agua desde presas ubicadas a más de 100 kilómetros de distancia y 1,100 metros de altitud, utilizando una compleja red de bombeo.
Sin embargo, este modelo tiene límites físicos, económicos y ambientales. La dependencia de fuentes externas ha resultado costosa y no muy efectiva frente a fenómenos como las sequías. En 2023, por ejemplo, las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron niveles históricamente bajos, lo que obligó a racionar el suministro a través de tandeos y distribución en pipas.

Además, esta estrategia no ha resuelto la desigualdad en el acceso al agua. Las zonas ponientes de la ciudad, que reciben directamente el caudal de los sistemas externos, mantienen altos niveles de consumo, mientras que colonias del oriente y del sureste enfrentan escasez crónica, baja presión o agua de mala calidad.

Uno de los factores más alarmantes de la crisis es el nivel de pérdida de agua en las redes de distribución. Se estima que más del 40% del agua extraída se pierde debido a fugas. Quizá este número por si solo no demuestre la magnitud del problema. Para ponerlo en perspectiva, esta impresionante pérdida representa un volumen mayor al destinado a la agricultura y la industria juntas. Estas pérdidas están directamente relacionadas con la antigüedad y el deterioro de las tuberías, muchas de las cuales no han sido renovadas en décadas.
La dotación promedio en el Valle de México es relativamente baja (160 litros por habitante por día) si se considera que esta cifra incluye usos domésticos, comerciales e industriales, y además hay demanda insatisfecha. Sin embargo, al observar los niveles de consumo desagregados, se aprecian grandes desigualdades: mientras alcaldías como Cuajimalpa superan los 170 litros por habitante, otras como Milpa Alta apenas alcanzan 30 litros diarios. Esta disparidad se acentúa por la falta de infraestructura de distribución de poniente a oriente, así como por una deficiente planeación urbana.

El problema no se limita a la escasez física del recurso, sino que tiene raíces profundas en el marco institucional y regulatorio. En la Cuenca de México existen más de 4,000 pozos, muchos de ellos operando sin supervisión ni sanciones. La información sobre los volúmenes extraídos es imprecisa, y las concesiones superan con creces la capacidad de recarga del acuífero. Según estimaciones, el abatimiento anual equivale a la pérdida de entre 700 y 800 millones de metros cúbicos de agua subterránea, lo que equivale a una columna de agua de 25 kilómetros de altura sobre el Zócalo capitalino cada año.

Este modelo extractivo ha funcionado como un subsidio oculto: el acuífero sostiene a millones de habitantes sin que se pague su verdadero costo ambiental. Las tarifas del agua, en muchos casos bajas por razones políticas, impiden generar recursos para renovar redes, modernizar sistemas de medición y financiar soluciones estructurales.

Resolver la crisis hídrica requiere enfrentar dos retos a la par: buscar la equidad en el acceso y garantizar la eficiencia en el uso. Hoy, los habitantes de zonas marginadas pagan más por el agua, al comprar pipas o tambos, que quienes la reciben regularmente desde la red pública. Además, la intermitencia del servicio genera problemas de salud, higiene y calidad de vida.
Casos de éxito a nivel internacional han demostrado que la instalación de medidores inteligentes y el uso de esquemas de macromedición pueden ser eficaces para reducir desperdicios. Sin embargo, estos cambios deben acompañarse de campañas educativas, esquemas de subsidios focalizados y una revisión integral del sistema tarifario

El cambio climático agrava la crisis hídrica al aumentar la frecuencia de sequías, modificar patrones de lluvia y afectar la disponibilidad de agua superficial. Las recientes sequías en Cutzamala son una muestra clara de esta vulnerabilidad. Ante este panorama, es urgente rediseñar el sistema de distribución con una perspectiva diferente, enfocada en el desarrollo urbano.
Entre las propuestas más relevantes se encuentran: la construcción de redes interconectadas que permitan transferencias entre zonas deficitarias y excedentarias, la recarga artificial de acuíferos, el uso de agua tratada para riego o procesos industriales y la implementación de techos verdes y sistemas de captación de agua de lluvia a nivel doméstico.

La crisis hídrica en el Valle de México no es el resultado de un fenómeno natural aislado, sino de un modelo urbano e institucional que ha ignorado por décadas los límites ecológicos del territorio. La combinación de sobreexplotación, desigualdad, pérdida de agua y falta de planeación ha generado una situación insostenible que exige respuestas inmediatas.

La solución no es única. La solución viene a través de múltiples acciones posibles. La clave está en reconocer el agua como un bien público valioso, cuya gestión debe ser transparente, justa y sustentable. Invertir en infraestructura, modernizar los sistemas de medición y empoderar a la ciudadanía son pasos necesarios para enfrentar este desafío. De ello depende no solo la viabilidad de las ciudades de México (y del mundo), sino también la calidad de vida de millones de personas en el presente y en el futuro.