LGEEPA: Actualización con certidumbre jurídica
La propuesta del Ejecutivo Federal para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) representa un esfuerzo institucional de gran trascendencia para el fortalecimiento del ordenamiento jurídico nacional en materia ambiental. Esta ley está vigente desde 1988, y su reforma integral responde a la necesidad de dotar al Estado mexicano de herramientas normativas modernas, capaces de enfrentar con eficacia los desafíos ambientales contemporáneos, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la transición hacia un modelo de economía circular.
Al incorporar principios como la prevención sobre la reparación, la restauración sistémica de los ecosistemas y la alineación con los estándares internacionales del Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información y justicia ambiental, el proyecto sienta bases para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
Desde COPARMEX reconocemos la apertura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para dialogar sobre la propuesta de reforma antes de que se convierta en iniciativa, así como la disposición de la Cámara de Diputados para desarrollar las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las que distintos actores analizaron la propuesta. Este diálogo constituye un mecanismo idóneo de participación para fortalecer el proceso de dictaminación.
En este contexto, COPARMEX presentó una postura en la que señala diversas áreas de oportunidad y preocupaciones por sus posibles efectos en el desarrollo económico del país. Entre los puntos irrenunciables para el sector privado destacan los siguientes:
– Precisar la definición de «autoridad ambiental» para clarificar las competencias de las dependencias que intervienen en los procedimientos ante la SEMARNAT, así como la función dictaminadora y resolutiva.
– Definir rigurosamente los supuestos de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) frente a los de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
– Flexibilizar la exigencia de tramitar simultáneamente las licencias ambientales y las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, a fin de no comprometer proyectos estratégicos de infraestructura energética y de transmisión.
– Ante la supresión de la afirmativa ficta, establecer plazos máximos perentorios y responsabilidades administrativas en caso de silencio institucional, para evitar escenarios de indefinición.
– En los Comités de Observación Ambiental, establecer un estándar nacional de acreditación y reglas para prevenir conflictos de interés que garanticen la imparcialidad técnica y de actuación.
Lo anterior permitirá preservar la certidumbre jurídica de las inversiones que actualmente se encuentran en proceso en el marco del Plan México, impulsado por la Presidencia de la República. Asimismo, contribuirá a evitar una variable adicional que complique el proceso de revisión del T-MEC. Al mismo tiempo, resulta fundamental considerar a las MiPyMEs mexicanas y reconocer su relevancia para las economías locales del país.
La actualización de la LGEEPA trasciende la coyuntura legislativa y puede consolidarse como una política de Estado de largo plazo. No debemos perder de vista que esta ley articula la aplicación de más de una decena de ordenamientos jurídicos que conforman la legislación ambiental mexicana. En conclusión, armonizar la protección ambiental con la competitividad del país resulta indispensable para impulsar un desarrollo sostenible. Si se integran las observaciones técnicas del sector productivo y de la sociedad en este proyecto, México podrá avanzar hacia un ordenamiento moderno que brinde certidumbre jurídica a las inversiones, fortalezca el bienestar social y proteja el entorno natural para las generaciones presentes y futuras.
Miguel Ángel Moreno, Consejero Delegado de Economía Circular de COPARMEX
