La gran relevancia de la socialización de los proyectos de infraestructura del sector energético

Por: Jared Barrios Valladares y Javier Govea Soria — Socios GMB Abogados

El pasado 16 de febrero de 2026 la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por medio del cual se establecen las obligaciones sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético, MISSE por sus siglas.

Como antecedente, desde 2018 se emitieron reglas para que los proyectos del sector de hidrocarburos y del sector eléctrico, consideraran como parte de sus autorizaciones, la elaboración y presentación de la Evaluación de Impacto Social ante la Secretaría de Energía.

Las nuevas reglas en materia de impacto social evidencian un gran Liderazgo Institucional en la Secretaria de Energía, pues su diseño amplía el marco de aplicación a otras ramas del Sector Energético adicionales a la Electricidad e Hidrocarburos, como el de los Biocombustibles y Geotermia; además precisa obligaciones no solo para el trámite, sino para la verificación de las autorizaciones, lo que supone que la Disposición Administrativa se elaboró con la participación de las áreas de Gestión, de Verificación, Regulación y Jurídica, lo que ya en sí mismo es un gran reto. 

Del análisis de cuerpo regulatorio se destacan varios aspectos; el primero de ellos es el enfoque de tutela de derechos humanos y perspectiva de género que se mantienen y fortalecen.

Asimismo, la disposición administrativa distingue de manera óptima la carga regulatoria que se impone con base en la naturaleza de la infraestructura: por su dimensión, inversión, riesgos sociales asociados, es decir, entre más impactos significativos se puedan derivar, por una parte, mayores los requisitos para la gestión del trámite y por la otra, mayores las medidas de prevención, ampliación, compensación, mitigación y remediación que el regulado deba proponer a la autoridad, que facilite la aprobación de la MISSE.

En ese sentido, la Disposición Administrativa clasifica los proyectos, acorde con Formatos preestablecidos, siendo los proyectos tipo B y C, los que, al estimarse con mayores posibles impactos sociales en las comunidades en que se ubiquen, deben también cumplir con mayores requisitos y profundizar más en algunos temas. Menores requisitos se exigen para los proyectos tipo A. 

Por decir algún ejemplo, los proyectos tipo B y C deben informar el monto de inversión total, el Gasto en Bienes de Capital (CAPEX) y Gastos Operativos (OPEX), las fuentes de financiamiento del Proyecto y un análisis de costo-beneficio; asimismo se debe informar en estos proyectos, las unidades territoriales y administrativas, núcleos agrarios y de propiedad privada, asentamientos humanos o localidades, afectación de derechos humanos o colectivos, patrimonio cultural tangible o intangible, patrones de tráfico vial, rutas de migración o movilidad, Normas Oficiales Mexicanas vinculadas al proyecto, sistemas y estudios ambientales, ordenamientos territoriales existentes, escenarios de riesgo, cambios de escenario ambiental y paisajístico, entre otros.

Para la identificación y características de localidades que se ubican en el área de influencia del proyecto, en los Proyectos tipo A, se realiza a partir de indicadores sociodemográficos de las principales actividades económicas de las Localidades presentes en el Área de Influencia, es decir, no se estima necesario trabajo de campo; en tanto, para los tipos B y C sí se requieren trabajos en campo. 

También destaca la homologación regulatoria a los autoconsumos, pues en el pasado no se les exigían cargas regulatorias como contar con un permiso, obligaciones de diseño, construcción, operación y mantenimiento, seguridad operativa, seguridad industrial e impactos ambientales y sociales. Esta Disposición ya los obliga a gestionar una MISSE y proponer un Plan de Gestión Social en beneficio de la comunidad. Lo anterior le dará mayor dinamismo y piso parejo a la última parte de la cadena del valor del sector hidrocarburos.

Una correcta implementación de la Disposición Administrativa evidenciará los impactos sociales positivos que acompañan a cada proyecto de inversión; por ejemplo, una estación de servicio no solamente provee de combustible a los vecinos, usuarios del área de influencia en beneficio de particulares y de servicios públicos. También proveen de servicios financieros, como la posibilidad de pagar tarjetas de crédito, hacer depósitos bancarios, disposición de efectivo, pagar servicios como luz, teléfono, agua; funcionan también como centros de distribución de bienes de primera necesidad; en algunas instalaciones inclusive proveen servicios de alimentación, cafeterías, hoteles, regaderas, baños públicos, patios de maniobras para transportistas, recepción de divisas, en fin, una serie de servicios complementarios al suministro de combustibles. 

Importante también que la comunidad conozca sobre la generación de empleos directos en las etapas de diseño, construcción y en la operación, con el consecuente costo laboral, gasto de operación, como refacciones, servicios públicos (agua, luz, internet, comisiones bancarias, etc.)  y de indirectos relacionados con el cumplimiento regulatorio, tales como unidades de verificación, consultores de cumplimiento regulatorio, limpiezas ecológicas, recolección de residuos de manejo especial y peligrosos, pruebas de hermeticidad, calidad de combustibles y un sin número de servicios relacionados a costos regulatorios; lo cual ya lleva implícito el compromiso social de los inversionistas. 

Finalmente se destaca la no exigibilidad de la MISSE para instalaciones de Usos Propios y Usuarios Finales, lo que dará dinamismo a sectores permisionados como la industria minera, siderúrgica y no permisionados, como la relacionada a la construcción de infraestructura carretera, viviendas, etc.

Deseable que la SENER obtenga los recursos financieros y humanos que le permitan autorizar en los tiempos previstos en la regulación y verificar su cumplimiento, a fin de comunicar de manera efectiva a las comunidades, los beneficios sociales que a que el regulado se obligue a proporcionar.

Es compromiso de todos fortalecer el desarrollo económico regional que beneficie de manera directa a las comunidades, reconociendo en todo momento los compromisos del sector público y privado.