SCJN impone nueva carga probatoria a bancos por cargos no reconocidos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como jurisprudencia que las instituciones financieras están obligadas a demostrar que los cargos no reconocidos por los usuarios en tarjetas o cuentas bancarias fueron autorizados correctamente, antes de que se pueda presumir su validez.

Con una resolución unánime de nueve votos, el pleno determinó que la falta de asistencia del usuario a una audiencia —y la consecuente aplicación de la figura de “confesión ficta” mediante la cual se presume que autorizó la operación— no es suficiente para validar el cargo. Los bancos deberán presentar documentos certificados y procedimientos confiables que acrediten que el usuario consintió la operación o que el sistema de autorización cumplió con los estándares jurídicos aplicables. 

El fallo deriva de la contradicción de criterios 48/2025, en la que dos tribunales mercantiles daban interpretaciones distintas sobre la aplicación de la confesión ficta en juicios contra entidades bancarias. La SCJN resolvió que corresponde a las instituciones de crédito cargar con la prueba de la regularidad del procedimiento y de la autorización.

La decisión llega en un contexto de mayor escrutinio sobre las prácticas bancarias en México. La Cámara de Diputados aprobó recientemente una reforma para prohibir la emisión de tarjetas de crédito o débito sin solicitud del usuario y para garantizar que su cancelación se pueda realizar en menos de cinco días, mediante aplicaciones digitales o telefónicas. Esta normativa —que complementa la decisión judicial— busca reforzar la protección de los consumidores ante cargos indebidos. 

La SCJN señaló que solo cuando el banco demuestre la legitimidad de la operación mediante documentos y cumplimiento de normativas internas, podrá revertirse la carga de la prueba a favor del usuario. Si no lo hace, será la institución la que tendrá que responder por el cargo no reconocido. 

Implicaciones

• Para los usuarios bancarios: mayor capacidad de defensa ante cargos no reconocidos y mayor exigencia de transparencia a las instituciones financieras.
• Para los bancos: necesidad de fortalecer sistemas de autorización, registro documental y procesos internos para evitar que los cargos sean reclamos sin respaldo jurídico.
• Para el sistema financiero en general: un ajuste en el equilibrio de responsabilidad entre usuario e institución, con un giro hacia mayor protección al consumidor.