Impacto social y gobernanza empresarial en la transición energética en México

Por: Victoria Contreras Peña, CEO en Conecta Cultura

Las empresas de infraestructura energética no pueden ser entidades desconectadas de los contextos en los que operan, por el contrario, deben asumir su papel como actores clave en el desarrollo local territorial. Para operar con éxito y sostenibilidad, es fundamental contar con equipos sociales profesionales que gestionen de manera efectiva el impacto social con las comunidades y la gobernanza empresarial con los actores de interés. 

El impacto social es un sistema de planificación que fundamentalmente se construye con el diálogo, la confianza y la promoción de la justicia social hacia las comunidades del área de influencia del proyecto. Esta gestión estratégica no solo reduce riesgos y facilita la ejecución del proyecto, sino que contribuye a fortalecer la reputación empresarial en el sector energético nacional.

La alineación de los proyectos de infraestructura energética con los principios de desarrollo sostenible resulta esencial para el sector en México. El cumplimiento riguroso de la legislación vigente, el respeto a las normas internacionales y la integración de planes de inversión social fortalecen la legitimidad de las empresas, facilitando acuerdos robustos y beneficios compartidos. Estas acciones no solo impulsan avances concretos hacia la transición energética, sino que también posicionan a las empresas como agentes responsables y estratégicos en la transformación del país.

No obstante, para lograr un diálogo constructivo y  la negociación efectiva, es fundamental considerar el contexto actual de las relaciones entre las comunidades y la inversión social de las empresas dedicadas a la infraestructura energética. 

Este proceso debe realizarse conforme a los lineamientos establecidos en la Reforma Energética de 2025 y el capítulo V de la Ley de Hidrocarburos, los cuales regulan la evaluación del impacto social y exigen el respeto a los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas.  Así, el cumplimiento normativo y el enfoque preventivo en la gestión social se convierten en herramientas clave para la viabilidad y sostenibilidad de las inversiones en el sector.

Destaco los siguientes puntos mínimos hacia el impacto social y la gobernanza empresarial:

1. Es fundamental que tanto el Estado como las empresas comprendan y garanticen la legalidad y legitimidad para establecer vínculos efectivos y oportunos con las comunidades. Durante todo el desarrollo del proyecto, ambas partes deben cumplir con obligaciones específicas en sus respectivas áreas de influencia, aplicando estándares ESG y principios de debida diligencia.
   
2. La reforma energética de 2025 dispone que, antes de otorgar una Asignación o emitir una convocatoria para la licitación de un Contrato de Exploración y Extracción, la Secretaría de Energía debe elaborar un estudio de impacto social correspondiente al área de la Asignación o Contrato. Esto debe ser un garante de la factibilidad de las inversiones en infraestructura.
   
3. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989) sobre pueblos indígenas y tribales, junto con el capítulo V de la Ley de Hidrocarburos de 2025, constituyen el marco legal para la Consulta Previa, Libre, Informada y Culturalmente Apropiada, así como para los Planes de Gestión Social de las empresas.
   
4. Las empresas deben considerar que en México las consultas se realizan después de otorgar permisos y licitaciones, a diferencia de otros países. Esto puede resolverse con campañas informativas permanentes sobre el proyecto, incluyendo los idiomas de comunidades indígenas o afrodescendientes.
   
5. La gobernanza empresarial puede entenderse como una estrategia sociopolítica dentro del ámbito de los negocios, orientada a la reducción y gestión de conflictos. La administración de las relaciones entre la empresa y la comunidad implica aproximaciones y construcción de vínculos cuyo propósito es establecer confianza entre grupos con intereses diferentes, permitiendo que colaboren en la inversión social y promuevan beneficios compartidos.

La promoción del impacto social y la gobernanza empresarial en el contexto de la transición energética en México es viable, pero requiere una planeación adecuada. Se considera importante adoptar un enfoque contemporáneo que combine competitividad y justicia social para contribuir a la sostenibilidad futura del país.